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    DE ASUNTOS PÚBLICOS ARGENTINA

    Infraestructura en Argentina

    Panorama General, objetivos y proyectos. El avance de la PPP.

    La situación de la infraestructura en Argentina acarrea un gran atraso en términos cualitativos y cuantitativos.

    Según un informe técnico realizado por el FMI, que se ocupó de relevar datos de 24 países de la región, se concluyó que la calidad de la infraestructura, ya sea de luz, transporte e incluso telecomunicaciones cayó un 1.6% entre 2006 y 2015.

     

    El informe, observa que las áreas de infraestructura “pesada”, como distribución eléctrica, trenes, rutas y puertos tuvieron una recaída importante en términos de calidad.

    Desde otro punto de vista, y teniendo en cuenta la extensión geográfica de la Argentina, puede afirmarse que una parte importante de los costos logísticos del país responden, de alguna manera a su capacidad de interconexión, ya sea de manera energética, vial o de grandes obras.

    Además, teniendo en cuenta la necesidad de los distintos sectores de bajar costos, la falta de una red de infraestructura desarrollada tiene su correlato económico.

    • La conclusión del trabajo del FMI se articula con otros hallazgos sobre el desempeño económico del país en la última década. Ariel Coremberg, profesor de crecimiento económico de la Universidad de Buenos Aires y director del proyecto Arklems (creado con el fin de medir y comparar internacionalmente las fuentes del crecimiento económico, la productividad y la competitividad de la economía), calculó que la productividad de la economía argentina cayó 7,7% entre 2007 y 2015.

    Concretamente los déficits en calidad y disponibilidad de infraestructuras de distintos tipos, pueden demorar el desarrollo de distintos sectores económicos, particularmente los que producen bienes exportables, a distancias considerables de los centros de consumo más importantes.

    Relevancia económica

    • Desde un punto de vista economicista, si se quiere, la infraestructura es un importante “motor” de la economía en sí misma (veremos posteriormente cómo aborda la administración Macri este tema).
    • La infraestructura constituye un componente sumamente importante del concepto de demanda agregada, cuya dinámica puede afectar los niveles de actividad económica.
    • Además, desde el punto de vista de la oferta, la productividad y competitividad económica es resaltada por la provisión eficiente de servicios que utilizan a la infraestructura como componente clave en su ecuación productiva.
      • Según Serebrinsky “Los distintos tipos de infraestructuras impactan en el crecimiento mejorando la productividad de la economía, disminuyendo los costos de producción, ayudando a diversificar la estructura productiva, y generando empleo a través de la demanda de los bienes y servicios utilizados en su provisión “.

    Argentina, según la CEPAL, tendría que por lo menos duplicar su inversión pública para acortar la brecha de disponibilidad de infraestructura en cantidad y calidad suficiente para consolidar un sendero de crecimiento económico sostenible y comparable al de los países

    más desarrollados.

    Algunos Datos:

    Si bien aquí nos referimos a la obra pública, caracterizada de manera general, según Construir, el período enero- octubre del 2017 tuvo un aumento en los montos de obra pública de un 41%, yendo de $172.122 millones de pesos a una cifra de aproximadamente $243.394 millones de pesos, confirmando la tendencia al incremento, no solo los fondos destinado a ese fin, sino también respecto a números de licitaciones de obras.

    En 2017 la economía argentina logró recuperarse de la recesión de 2016 (+2,8% anual vs. -2,6% anual), mientras tanto, en ambos períodos, la construcción creció aproximadamente un 10%.

    Obras y Política (el caso de la Provincia de Buenos Aires):

    De este último gráfico se puede desprender un análisis interesante. Allí se muestra claramente el volumen de licitaciones de obra de la Provincia de Buenos Aires supera ampliamente a muchas de las existentes en otros territorios.

    Es posible pensar que dados los objetivos políticos existentes en el Gobierno de Cambiemos, particularmente el de extender su dominio territorial, el hecho de mostrar una gestión sumamente activa en esta importante jurisdicción impacta de manera muy positiva en términos políticos.

     

    Si a este factor, le adicionamos el análisis de los índices de imagen que en la actualidad tiene la Gobernadora María Eugenia Vidal, podemos entender variables importantes de los resultados electorales.

    • En ese sentido las elecciones legislativas del 22 de octubre pasado mostraron que Cambiemos ganó en el interior rural de la provincia, en el norte del Conurbano bonaerense, en los municipios de la Costa Atlántica, la ciudad capital (La Plata) y en el sur del distrito. 

    Contexto e Interés

    Desde la asunción del presidente Macri, la obra pública ha tenido una gran centralidad, no solamente como instrumento de creación de empleo, sino también porque respondió a una de las varias promesas de campaña, referidas por ejemplo a incrementar la competitividad de la economía.

    En ese sentido, la obra pública fue tomada como un símbolo importante referido no solamente a la campaña, sino que también significó “el cambio visible”, es decir, como un testimonio de la gestión de la nueva administración.

    Según datos de Isonomía Consultores, más del 60% en PBA y casi el 70% en GBA, aseguran haber observados incrementos de obra pública en sus barrios. Y si profundizamos ese dato, independientemente de su identificación partidaria, más del 60% del electoral en PBA reconoce esta tendencia.

    Sin embargo, el importante déficit de inversiones en infraestructura y, por otro lado, el déficit fiscal (3.9%% del PBI en 2017) configuraron un escenario en el cual, la realización de las obras públicas, (muchas de las cuales eran hasta el momento realizada a través de compromisos asumidos por el Estado frente a organismos, nacionales e internacionales de crédito), fueran financiadas mediante otro sistema, que combinase una participación Pública- Privada, simultánea.

    El sistema PPP

    Siguiendo con el lineamiento anterior, vemos que existe una necesidad por parte del gobierno, por un lado, de incrementar la cantidad de obras públicas e infraestructura y por otro lado de hacer, como mínimo, un balance del gasto público, que, mediante un sistema de financiamiento tradicional, serían metas incompatibles entre sí.

    Es precisamente allí donde este nuevo sistema, la Participación Público Privada (PPP) entra en escena.

    Uno de sus objetivos específicos, radica entonces, en tratar la problemática del financiamiento de las obras, mediante la participación del sector privado, que proveerá las fuentes de financiamiento y el estado pagará mediante títulos de pago por inversión (TPI).

    En este sentido, esta modalidad de contratación constituye una alternativa a los sistemas clásicos, donde el Estado se encarga desde el diseño, hasta el financiamiento y operación de la obra.

    Asimismo, la PPP limita la capacidad de incidencia estatal relacionada a la resolución de controversias referidas a los procesos de obras, como por ejemplo modificar contratos debido a la conocida razón de “interés público”.

    Por su parte, si nos referimos a la financiación en el esquema PPP, dependerá de la capacidad del privado de conseguirla, y los ingresos del mismo serán por contraprestación o la utilización de las obras, por citar un ejemplo.  Dicho régimen posibilita compartir riesgos y evitar, de primera mano, un endeudamiento directo por parte del estado.

    Sin embargo, pese a que la iniciativa legislativa de PPP ya sea ley y al respecto haya habido un gran despliegue mediático para anunciar las virtudes del nuevo sistema, se están registrando demoras en la apertura de sobres para las licitaciones para las obras.

    Algunos de los puntos más importantes en cuestión han sido los reclamos de los empresarios de los sectores comprendidos. Concretamente reclamaron, y lograron, exenciones en el IVA y en el impuesto a las Ganancias.

    Además, tal como se señaló en algunos medios, la presión de ciertos actores de la industria, logró cambios a su favor, en este caso para proyectos relacionados con Vialidad, expresados en la Circular 6, puesta en vigencia por la Resolución 545 de Vialidad.

    • Cambios en régimen de multas y el de garantías;
    • Flexibilización de condiciones para los oferentes y aportes de capital social
    • Incremento de tasas de interés en pagos relacionados a la demora potencial por parte del estado para la entrega de los títulos de pago de obra.

     

    Por otra parte, si bien el Gobierno asegura que se tomarán los recaudos jurídicos necesarios para la transparencia en las licitaciones y contratos (teniendo en cuenta el número de escándalos de corrupción referidos a la obra pública observados en la región durante los últimos años), algunas críticas o dudas con respecto al sistema y a su aplicación persisten.

    Algunas de estas críticas se refieren al traslado de gastos del sector público al privado y a los controles de los mismos. Relacionado con ello, el Gobierno deberá mantenerse alerta para evitar que se incurra en evasión de dichos controles, justamente por parte del sector privado y que ello impacte, finalmente en los usuarios de las obras.

    Otro de los cuestionamientos radica en que algunos han considerado al sistema PPP como “privatizaciones” encubiertas, en donde el Estado cede una parte de su potestad al sector privado. Sin embargo, desde otro punto de vista, la situación de titularidad total del estado respecto a las obras no ha producido mejoras tangibles en los últimos años, como mencionamos al principio.

    Finalmente, lo que se puede decir de este nuevo sistema, o al menos aplicado de manera novedosa en Argentina consiste en que la calidad institucional resulta clave para asegurar los beneficios, que por definición podrían obtenerse minimizando o compartiendo riesgos.

    Teniendo en cuenta que el propio presidente Macri aseguró incrementar la transparencia en la administración pública e incluso apoyó iniciativas legislativas como la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, el correcto desarrollo de iniciativas PPP será una de las pruebas importantes que pueden determinar – o no –el cumplimiento de ese objetivo, y sobre todo que puedan verse los efectos de la denominada “lluvia de inversiones”.