El gobierno envió al Congreso el Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
EL Poder Ejecutivo Nacional envió esta semana a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
En ella se busca declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El Proyecto de Ley es tratado el día de hoy en sesión. En caso de lograr la media sanción, será remitido al Senado donde Alberto Fernández intentará que sea tratado en la última semana del año.
Así, el Poder Ejecutivo pretende obtener las siguientes bases de delegación, dentro de los cuales podrá utilizar las facultades delegadas:
Creación de condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.
Reestructuración tarifaria e intervención de los entes reguladores del sistema de servicios públicos.
Creación de incentivos fiscales sectoriales y de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de recursos de seguridad social para pequeñas y medianas empresas.
Suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios y de enfermedades infecciosas a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad
Generación de mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales.
El gobierno busca también basar sus primeros meses de gestión en torno a esta ley, aumentando la recaudación para derivarla a asistencia social y pago de deuda.
El paquete de medidas, entre los que se incluye un 30% de impuesto a cualquier compra de moneda extranjera, generó un fuerte rechazo en la oposición, que no acompañará la sanción del proyecto de ley.
Axel Kicillof también envió un paquete de leyes de emergencia al poder legislativo bonaerense
En simultáneo con el desarrollo de políticas a nivel nacional, Axel Kicillof envió esta semana a la Legislatura un paquete de leyes para declarar la emergencia en áreas que su gobierno considera críticas.
El Ejecutivo pedirá prórroga a las emergencias que en su momento había declarado María Eugenia Vidal. Corresponden a las áreas de Infraestructura y Servicios Públicos; Administrativa y Tecnológica; y en Seguridad pública y Penitenciaria. Esas disposiciones permanecieron durante todo el gobierno anterior.
«Las dificultades son muchas y hay que atender las urgencias», adelantó Kicillof para adoptar este criterio. Constituye el primer apremio de gestión. El siguiente será el tratamiento de la deuda provincial que completa los 12.000 millones de dólares.
Además, anticipó que su administración iniciará una negociación «inmediata» con los acreedores para reformular los términos de pago. En enero, la Provincia debe cumplir con el compromiso de 570 millones de dólares a los bonistas privados.
Ahora, Kicillof incorporará a la agenda también las emergencias Económica, Productiva, Social y Energética. El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, serán los encargados del detalle.
En el área social se intentará agilizar las licitaciones para la compra de alimentos. Es una estrategia en concordancia con el Gobierno nacional para la atención de carencias alimentarias.
El objetivo es aprobar las emergencias antes que termine el año en ambas cámaras de la Legislatura. En la Provincia, la sanción de las leyes de emergencia requieren de los dos tercios de los votos. Será una prueba de gobernabilidad ene el mayor distrito del país y al que se comprometieron Kicillof y Vidal en su encuentro post electoral en la Gobernación platense.
2. Economía
La canasta básica tuvo el alza más alta de precios en noviembre
La canasta que mide el límite de la pobreza tuvo un aumento del 5,5% respecto de octubre, en tanto la de indigencia se incrementó 6,3%.
La CBA se define como el conjunto de diversos alimentos, expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. La CBT, en tanto, incluye bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación y salud.vestimenta, transporte, educación y salud.
En lo que va del año, la canasta de pobreza registró un aumento de 42 por ciento.
Así, una familia de cuatro miembros que no tiene que pagar el alquiler de su vivienda necesitó en noviembre $37.596 para no caer en la pobreza y $15.098,79 para no ser indigente, de acuerdo con la información dada a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Ambas canastas aumentaron el mes pasado por encima de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 4,3%, lo que pone en evidencia el mayor peso de los alimentos básicos en la inflación general.
El PBI acumula una caída del 2,5% en los nueve meses del año.
El Producto Bruto Interno (PBI) cayó 1,7% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2018, por caídas en las producción industrial, la construcción y el comercio, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, el PBI desestacionalizado del tercer trimestre de 2019, estuvo 0,4% por debajo del segundo trimestre, y de esta manera acumuló una merma del 2,5% en los primeros nueves meses del año.
Según las cifras oficiales, las bajas marcaron la caída general del PBI con un retroceso del 17,1% en el sector pesca; 4,7% en la industria manufacturera; 2,4% en electricidad, gas y agua; 4,8% para la construcción; 5,5% en el comercio mayorista, minorista y reparaciones; 14,2% en la intermediación financiera.
En tanto, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 12,2% en el tercer trimestre con respecto al mismo período del año anterior, cuando la producción agrícola se vio fuertemente afectada por la sequía.
También aumentó 3% la explotación de minas y canteras, debido a la mayor producción de Vaca Muerta; seguido por hoteles y restaurantes, 1,6%; mientras que el sector de transportes y comunicaciones aumentó 0,2%; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquileres 0,9%, entre otras.
En tanto, la formación bruta de capital fijo, según estimaciones preliminares, experimentó en el tercer trimestre del año 2019 una disminución de 10,2% respecto del mismo período del año anterior.
Esta caída se debió al decrecimiento de 5,4% de la inversión en construcciones, a la suba de 6,8% de otras construcciones, a la disminución de 14% en maquinaria y equipo y al decrecimiento de 26,2% en equipo de transporte.
Informe de Consumo y Seguimiento de Precios
Comienzan a distribuir la tarjeta alimentaria y llegaría a cuatro millones de personas
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, recibió este lunes a los ministros de las áreas sociales de todas las provincias para coordinar planes para combatir la pobreza, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre, que lanzó Alberto Fernández durante la campaña electoral.
El encuentro, llevado a cabo en la sede de la cartera de Desarrollo Social, reunió a más de veinte ministros provinciales, con la intención de sumar problemáticas específicas de cada distrito, en el marco de este plan de carácter federal. Arroyo se enfocó en el primer paso del programa, que es la distribución escalonada de la tarjeta alimentaria, que comenzará con 2 millones pero que llegará a casi 4 millones de adjudicatarios.
La tarjeta alimentaria permitirá a las familias beneficiadas comprar alimentos (con excepción de bebidas alcohólicas). La intención oficial es que se centren en los rubros de la canasta básica, con predominio de carnes, frutas y verduras, pero no habrá restricción alguna siempre que sean alimentos.
Habrá una tarjeta de 4 mil pesos,para madres embarazadas a partir del tercer mes y padres de un solo hijo; y otra de 6 mil pesos, para quienes tengan más de un hijo.
Las tarjetas serán cargadas el tercer viernes de cada mes, pues las autoridades de Desarrollo Social detectaron que la segunda quincena del mes “siempre falta un refuerzo” en los sectores apuntados con esta política. El monto será acumulable, en caso de que no se consuma todo en el término del mes.
Las tarjetas serán distribuidas por los bancos públicos y no hace falta realizar ningún trámite en especial, pues Desarrollo Social ya tiene los bancos de datos actualizados, así como las carteras sociales de cada provincia. El Banco Nación tendrá un padrón importante de estas 2 millones de tarjetas.
La tarjeta alimentaria será igual a una tarjeta de débito y no contendrá ningún tipo de leyenda especial, a fin de no crear “una tarjeta para pobres y otras, para ricos”.
Informe Sindical
La CGT y Moyano intervienen en el conflicto interno de la UTA
Después de los violentos incidentes que produjo el lunes un sector opositor en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Hugo Moyano los justificó y pidió la renuncia de su líder gremial, Roberto Fernández, profundizando la crisis en el sector gremial peronista, con impacto directo en la relación entre Moyano y el gobierno de Alberto Fernández.
«En los últimos años, hubo elecciones que fueron lamentables. Estos muchachos no pudieron participar de la elección», dijo Moyano, a radio La Red, para justificar la toma y destrucción de la sede de la UTA.
Se trata de «un reclamo justo. Si yo fuera Roberto Fernández ya me hubiese ido, hubiera presentado la renuncia. La gente no actúa por casualidad», agregó el líder del gremio de los Camioneros, pese a que negó tener participación en los incidentes contra el titular de la UTA.
En cambio, la Confederación General del Trabajo (CGT) se solidarizó con el líder de la UTA y expresó su «más enérgico repudio a los hechos violentos y vandálicos». La CGT, liderada por Héctor Daer y Carlos Acuña, rechazó «la intrusión de grupos violentos en la sede de la UTA, la destrucción del patrimonio de todos los trabajadores y la puesta en riesgo de la integridad física de los allí presentes».
En un comunicado, la organización que representa a los trabajadores se solidarizó con Roberto Fernández y toda la comisión directiva de la UTA, «víctimas de la violencia irracional de quienes pretenden arrasar con la institucionalidad del sindicato».
Facundo Moyano, hijo de Hugo y diputado del Frente de Todos, acusó a Roberto Fernández de carecer de «legitimidad» en su gremio y «esconderse» detrás de «estatutos con cláusulas imposibles de cumplir y la complicidad del gobierno para conservar su lugar».
La relación entre el Gobierno y la familia Moyano se enrareció, luego de que Alberto Fernández resolviera no aceptar las presiones para designar a su asesor Guillermo López del Punta como uno de los principales funcionarios del Ministerio de Transporte. Incluso el ministro Mario Meoni designó como su jefe de gabinete al asesor de la UTA, Abel De Manuele.
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