Una economía que acumula regulaciones
Desde la llegada de la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino ha debido instrumentar una serie de políticas para sostener la economía nacional. Estas incluyeron transferencias a empresas, un ingreso familiar de emergencia (IFE), créditos a tasa cero y autorizaciones para que algunas compañías puedan volver a operar.
Este jueves el presidente se reunió con un grupo de los principales empresarios del país en la Quinta de Olivos.
En este contexto, el 18 de mayo un tweet de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, donde se manifestó a favor de que el Estado se convierta en accionista de las empresas a las que asistió financieramente durante la crisis, generó incertidumbre en el sector corporativo.
Si bien la AFIP no tardó en publicar los procedimientos a seguir por las compañías que deseasen devolver la ayuda recibida, el presidente Alberto Fernández recién respondería a Vallejos el 28 de mayo, catalogando de «ideas locas» que el Estado vaya a quedarse con parte de las empresas.
El tema parecía saldado hasta que Página 12 publicó un artículo de Mempo Giardinelli, llamando a la urgente nacionalización de Vicentín, para transformarla en un empresa pública no estatal, bajo control social. El principal argumento de Giardinelli se basaba en la naturaleza estratégica de la empresa Vicentín.
Desde la llegada de la pandemia de COVID-19, el gobierno argentino ha debido instrumentar una serie de políticas para sostener la economía nacional.
Pero las preocupaciones del sector privado no terminaron ahí, ya que el mismo 28 de mayo el Banco Central publicó la Comunicación A7030, enduceciendo los controles cambiarios.
Esta medida compromete particularmente la importación de bienes intermedios para la industria y bienes finales. Por ello, la UIA planteó sus preocupaciones a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el martes 2 y al día siguiente, una comitiva de los principales empresarios del país se reunieron con el presidente, Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos.
Finalmente, ayer por la noche se conoció un comunicado del Banco Central, donde acordaba una agenda de trabajo con la UIA para superar las inconveniencias que podía generar el cumplimiento de la Comunicación A7030. En una economía frágil, ahora golpeada por las consecuencias económicas de la pandemia y con una reestructuración de deuda pendiente, nuevas regulaciones podrían lanzarse en el futuro cercano.