Imaginemos un casamiento. En todo casamiento, aunque cada vez menos, se baila el vals. El vals, es ese momento donde todo el mundo se pone de pie y se acerca a la pista para rodear a los novios. De a poco, los invitados, empiezan a buscarlos para compartir dicha pieza de la danza.

Algunos bailan porque realmente lo sienten y quieren compartir ese momento de felicidad con los novios. Otros lo hacen porque se ven obligados. En otros casos porque, ya que fueron, tienen que hacerlo y otros porque simplemente les gusta figurar. Claro, siempre están aquellos que se esconden y no aparecen en ese momento, por vergüenza.

Bueno; en este momento, Mauricio Macri vendría a ser como la novia de un casamiento. La real protagonista de toda boda. Y los gobernadores serían aquellos invitados que se levantan para rodear la pista de baile entrada la noche. Con la puesta en escena de esta semana para dirimir la fallida expulsión de Julio de Vido como Diputado Nacional por su falta de idoneidad moral para ocupar ese cargo, quedó mucho más en evidencia qué tipo de invitado es cada uno.

Hace tiempo que el gobierno nacional viene generando diversas estrategias con propios y ajenos, sabiendo que este momento electoral llegaría.  Como hemos mencionado en alguna oportunidad, el gobierno, además de los gobernadores “propios” (María E. Vidal por Buenos Aires, Horacio R. Larreta por CABA, Gerardo Morales por Jujuy, Ricardo Colombi por Corrientes y Alfredo Cornejo por Mendoza) ha sabido trabajar los vínculos con muchos otros gobernadores del peronismo y afines para tener al menos una relación cordial, y por momentos mutuamente complaciente según la necesidad.

Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja) y Sergio Uñac (San Juan) son jefes provinciales con los que el gobierno nacional se encargó de apostar a una vinculación constructiva sin importar el signo político al que pertenecen. A lo sumo podríamos agregar a este listado al socialista de Santa Fe Miguel Lifschitz, a Lucía Corpacci (Catamarca), Claudia Ledesma (Santiago del Estero) y Mario das Neves (Chubut) aunque han tenido una relación más inestable en el tiempo por diversos motivos como temas de gestión en seguridad, conformación de programas regionales y obviamente caja presupuestaria.

Los casos tirantes y que también contamos son: Alberto R. Saá (San Luis), Gildo Isfrán (Formosa), Jorge Verna (La Pampa), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Juan Manzur (Tucumán). Con relación a Formosa, San Luis y La Pampa, tienen autonomía para enfrentarse porque al tener superávit comercial les brinda independencia en materia de confrontación política. A este grupo sólo se sumaría Santiago del Estero en iguales condiciones (que como Corrientes tendrá elecciones a gobernador este año). El Senador Gerardo Morales (ex gobernador y marido de la actual gobernadora) será candidato a pesar que insistió en que su mujer se postule de nuevo (los dos tienen intención de voto por encima del 70%).

Con relación a Santa Cruz, Tucumán y, por qué no Formosa y Córdoba, podemos hacer un breve análisis. La primera está quebrada financieramente, y el gobierno nacional da por sentado su triunfo este año en las elecciones de medio término. La ex Ministra de Desarrollo Social de CFK sí o sí depende del gobierno nacional para hacerse de fondos, pero ella debe mantener fiel a su apellido, su adversidad política en cuanta ocasión pueda. El caso De Vido fue un ejemplo.

Con Tucumán, el gobernador Juan Manzur necesitaba despegarse (?) de su antecesor, el ex radical y Senador Nacional José Alperovich. Supo construir una muy buena relación, y por momentos los analistas lo mencionaban a él junto a sus pares de Salta y Córdoba, como los gobernadores justicialistas aliados a Macri. Es más, el tema limones y el ingreso al mercado norteamericano, los unió a pesar que Manzur quiera arrojarse la gestión como propia cuando los mismos productores limoneros suelen decir que “…si no fuese por Macri, esta negociación se hubiese caído”.

Manzur es un caso muy parecido al de Córdoba, otro de los que a pesar de su edad, quisieron mostrar una renovación partidaria al menos desde lo discursivo. Sucede que tanto en Tucumán como en Córdoba, el oficialismo nacional tiene candidatos que miden bien y/o experiencias recientes con resultados que han sido más que satisfactorios. Es por eso que ambos mandatarios provinciales deben salir ahora a confrontar políticamente con Macri para poder retener su provincia en términos políticos. Si no ganan esta elección por una buena diferencia, estará en juego nada más y nada menos que la conducción de la misma en 2019.

Además, cada uno de estos gobernadores tienen sus competencias internas. Manzur con Alperovich que quiere ser gobernador de nuevo, y Schiaretti con José M. de la Sota pero también con su actual vicegobernador, Martín Yaryora. Un joven con grandes aspiraciones políticas que va como primer candidato a Diputado Nacional por la provincia.

Finalmente, y de este lote a analizar, está Formosa. En Casa Rosada algunos funcionarios suelen repetir “…la provincia de Gildo es la más ordenada del país”. Claro, la provincia de Gildo lo  es porque gobierna ininterrumpidamente desde hace 22 años y gran parte de su mantenimiento en el poder responde a que la gran parte de los formoseños son empleados públicos (algo similar ocurre a San Luis y La Pampa). Con yuyo cualquiera es brujo, se suele decir.

Lo que si sorprendió, inclusive a muchos operadores políticos del gobierno, es la actitud de algunos gobernadores con los que cuentan supuestamente para ponerle un freno a CFK si es necesario, entre otras cosas. El comportamiento de diputados, que responden a ellos, en la sesión especial para tratar el caso de Vido los dejó boquiabiertos. Uñac, Casas, Bordet, Peppo, Ledesma y Corpacci son seis gobernadores que en mayor o menor medida necesitan, y salvo Ledesma, ninguno tiene tanta independencia como para plantarse ante el gobierno. El entrerriano Bordet, provincia de la que también es oriundo el Ministro del Interior Rogelio Frigerio (que analiza si será candidato en 2019 cada vez que puede), es el caso más emblemático quizás. Con él si cuentan para trabajar a futuro según fuentes oficiales.

Esta sesión le dio al gobierno la posibilidad de acelerar la confrontación con algunos, de exponerlos bajo una estrategia electoral pensada, que consiste en anotar con quienes tendrá que “negociar” mejor y, en algunos casos, el de hacerles pagar caro el poco compromiso para comenzar a cerrar de una vez por todas una época tenebrosa en términos de corrupción de Argentina. Por eso, antes de pedir la mano de la novia para bailar el vals, hay que recordar porque uno fue invitado al casamiento pero también desde el lado de los novios, si valía la pena invitarlos.

Hay muchas reformas que un gobierno puede encarar, todo depende de los objetivos que éste tenga durante su mandato. En el caso de Cambiemos, la obsesión reformista pasa principalmente por la fiscal, la laboral y la de infraestructura.

Esta última, muy ligada al perfil profesional del propio Presidente (Ingeniero Civil) se está viendo concretada de a poco, según lo plantean algunos encuestadores privados. En algunos municipios del interior del país, inclusive entre los que se definen como kirchneristas, los ciudadanos ven obra pública en su barrio y esto es visto como algo positivo que les está empezando a cambiar la vida cotidiana. La obra como paliativo de la grieta podría ser el título.

Claro, esa reforma (sin desmerecer el esfuerzo) está más ligada a la capacidad del gobierno de tener los fondos necesarios para financiarlas que a la voluntad política de otros espacios para colaborar en la concreción de las mismas. Es decir, es una herramienta 100% de gestión ejecutiva vital sobre todo en años electorales. A este escenario se le sumará el año próximo la posibilidad de financiar obras a través del régimen PPP (participación público-privado) que ya fue aprobado y que tendrá como foco al comienzo el desarrollo de corredores viales por ejemplo.

Las otras dos reformas, sí o sí, serán más una discusión de largo plazo. Si bien pueden ser vendidas como logros del gobierno, se trata de reformas mucho más profunda para las cuales el oficialismo necesitará de la oposición. Para la reforma fiscal, desde que asumió Nicolás Dujovne en la cartera de Hacienda, se está trabajando con la mayoría de las provincias (algunas ponen la política por encima del bien común) alrededor de una misma mesa para poder sancionarla en 2018.

Sucede que al ser algo tan delicado, lo que se toque en un lado tiene un efecto en el otro. Las provincias están dispuestas a colaborar pero todavía muchas de ellas siguen siendo Nación- dependientes. Sólo San Luis, La Pampa, Formosa y Santiago del Estero tienen superávit, y en parte pueden darse el lujo de no ir todas las semanas a Casa Rosada. Por eso también son las más duras en términos políticos (lo de Santa Cruz tiene otra explicación). Quizás la única crítica que se lo podría hacer a este ambicioso objetivo fiscal, es moderar las expectativas. Se viene anunciando con demasiada anticipación que “…esto sale el año que viene”.

Por el lado de la laboral acontece algo similar. Es tan profunda, y con un impacto directo en la competitividad tanto del sector privado como del propio Estado, que es muy fácil banalizar la discusión. Todos quieren hacerlo, pero a qué costo. Pero además toca otros intereses, nada más y nada menos que los sindicales. “A toda empresa le va a llegar su Uber” dijo en estos días un importante referente de la banca pública. Y precisamente no se refería a la economía colaborativa como modelo de negocio (que también ya es una realidad); sino a la gestión de los RRHH que tienen empresas como la mencionada.

También, el gobierno en particular, está aprovechando la reciente reforma aprobada en Brasil (que se suma a otras medidas reformistas como el ajuste público entre lo que se destaca congelar el gasto público por 20 años) para poder introducir el tema en la agenda pública en un momento en que la tensión con la CGT volvió a ser una de las primeras preocupaciones. Pasa que en caso de avanzar, se debería debatir sobre ciertos temas que “a los muchachos” les preocupa y no quieren saber nada. No están acostumbrados a que se los ponga en tela de juicio. Bienvenido SXXI, tarde, pero bienvenido al fin.

Dicho esto, deberíamos pensar en cómo el gobierno logrará esto sin tener quórum propio en ninguna de las dos cámaras parlamentarias y contando sólo con algunos pocos gobernadores propios. Por otro lado, se trataría de reformas, sobre todo las dos últimas mencionadas, de alto y largo plazo. Y ahí volvemos a caer en las elecciones de este año.

Ganar por poco o ganar por mucho. “A mí me gusta ganar…siempre” mencionó hace poco el jefe de un bloque oficialista de la Cámara baja. ¿Y a quién no?. Pero en una elección como esta, ganar por mucho o ganar por poco significan cosas muy distintas. Significa creer que puedo hacer todo sólo o que necesito de otros para lograrlo.

El gobierno nacional viene negociando hace rato, inclusive detrás de escena como se suele decir, un acuerdo amplio con sectores del peronismo. Básicamente con algunos nuevos gobernadores, esos que a veces decimos que están más preocupados por sus provincias que por nacionalizar la elección (porque nadie dijo nada de la candidatura de CFK o del proceso llevado adelante en el Congreso para quitarle la diputación a Julio de Vido).  Esos que por momentos parecen hablar el mismo idioma.

Esos mismos gobernadores que el gobierno aspira a tenerlos de su lado si CFK terminan ganando la provincia de Buenos Aires para que puedan disputarle el poder. No son muchos por ahora, son un par pero comparten la visión de largo plazo que tanta veces hablamos y que es tan necesaria para el país. De hecho es el mismo Presidente de la Nación quien más claro lo tiene esto de un acuerdo político (como Pichetto, Pinedo y Sanz lo propusieron alguna vez). Tal vez a este gobierno cuando termine su mandato se lo debería valorar, o no, por su rol como ordenador del caos institucional de Argentina, a pesar que quiera ser transformador también.

Hoy comienza el periodo por el cual la ley electoral, habilita a los partidos y/o frentes inscriptos para hacer campaña. La primera fecha clave es el 13 de agosto, cuando se realicen las internas (a pesar que la mayoría de los anotados no las utilice). Una vez ocurrida esto, todos mirarán al 22 de octubre, fecha de las elecciones generales.

Hace unas semanas nos enterábamos finalmente los nombres de hombres y mujeres que formarán parte de esta elección. Si bien el periodo de campaña no estaba habilitado, muchos espacios buscaron la manera para sortear esta regulación y hacer algo de proselitismo. En varias oportunidades dijimos que para el oficialismo es una elección importante, porque principalmente es la primera que tienen desde que son gobierno.

Pero todo lo ocurrido hasta la fecha nos permite interrogarnos si el gobierno no le está poniendo un precio muy alto a esta elección sabiendo que son de medio término. Y sabiendo aún más que pase lo que pase, en el Congreso de la Nación, la conformación de las cámaras no variaría significativamente. O sea, no tendrá quórum propio en ninguno de los dos recintos. “…según nuestros números, recién en 2023 podríamos tener mayoría en Diputados”. Así definió hace un año la situación de Cambiemos en la Cámara Baja un alto funcionario del Ministerio del Interior.

Entonces, ¿por qué darle tanta trascendencia a una elección que no cambiará mucho el escenario?  Además, la estrategia polarizadora que todavía no hace mella en el electorado (recién lo hará, si lo consigue, días previos a las lecciones cuando la gente entre en “modo campaña”) significa contrastar entre lo futuro con lo pasado, cuando el denominador común de este país, más que nunca, debería ser más futuro que pasado.

Un dirigente político devenido en diplomático, en estos días, mencionó su preocupación ya que la estrategia que apunta a la división repercute directamente en la posibilidad del peronismo para 2019. Es cierto que el justicialismo primero tiene que alinear varios mensajes puertas adentro, pero la posibilidad que la ex Presidente de la Nación CFK regrese al ruedo político (del cual nunca se fue, aparentemente) no tranquiliza ni a propios ni a ajenos.

Asumiendo que la elección no cambia la estructura del congreso nacional, el gobierno podría haber pasado estos comicios generando menos expectativas y apuntando todos los cañones a 2019. Si algo aprendió la gestión macrista en este tiempo, es que la sobre-expectativa puede traicionar.

Muchos dicen que no hay 2019 sin 2017. Pero partiendo de la base que los gobernadores están más preocupados por consolidarse en sus provincias, y que el oficialismo necesita una oposición hecha y derecha para consolidarse como gobierno, ¿para qué dividir tanto al electorado? Una explicación puede ser que el propio oficialismo sabía, suponía, o influenciaría de manera tal que CFK fuese candidata (más presionada por su situación judicial que por su ambición política), y entonces prefirió “adelantarse” y armar esta estrategia (incluyendo la pata judicial).

De todas formas, lo más importante que deben entender ambos bandos es que el voto es de la gente, y como suele decir el candidato de Evolución Ciudadana Martín Lousteau “la gente siempre vota bien”. Menospreciar al electorado con frases como ”hubo una estafa electoral y una mentira…los que lo votaron también fueron engañados” o “No me cierra el escenario de que Cristina gane…no veo a la Argentina suicidándose” no hace otra cosa subestimar al dueño del voto. Ojalá que “unir a los argentinos” y el “Frente de Unidad Ciudadana” tuvieran más que coincidencias que sólo palabras.