El republicanismo. Argentino.
Como se sabe, el sistema político Argentino se define como republicano. Dicho sistema, organiza al poder público, en lo que muchos analistas y cientistas políticos consideraban una “forma óptima” para el gobierno. Entre muchas de sus características principales, la división de poderes, y control entre los mismos, cobra un rol crucial. Teóricamente, los poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- funcionan de manera independiente siendo controlados para evitar excesos o vicios.
Hemos podido observar, en otra oportunidad, que cuando en Argentina se “prioriza” algún concepto (como el díalogo), esa misma idea sufre modificaciones. A veces tantas que el resultado termina oponiéndose radicalmente al espíritu original. En esta oportunidad, el republicanismo nos ocupa. O mejor dicho, el republicanismo argentino.
La política, como siempre, parece estar por encima de todo y lo que parece ser una constante es que normalmente el sector político opositor es el que pide que se “respeten las instituciones”, ya sea el Congreso, la Justicia y muchas otras.
Durante el Kirchnerismo, por ejemplo, las distintas fuerzas opositoras se quejaron – muchas veces con razón – de los apresurados “trámites” de aprobación de ciertas iniciativas en el congreso. El republicanismo estaba en duda, los poderes eran salteados mediante dotes de “creatividad” institucional a los cuales la sociedad argentina parece acostumbrada.
Posteriormente y tras el cambio de gobierno de Diciembre del 2015, el republicanismo, y el diálogo fueron demandados por la oposición, específicamente en la aprobación de una batería de medidas económicas durante el mes de diciembre último. La reforma previsional, y la reforma tributaria fueron aprobadas con una velocidad muy llamativa, mientras que para el 2018, se estipula que el ritmo legislativo registrará mermas importantes.
También resulta importante destacar que en el Congreso, la Comisión Bicameral Permanente – que autoriza o descarta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)- tendrá mayoría oficialista este año. Dicha disposición nos permite pensar que, tras un fin de año sumamente agitado en términos políticos, el Gobierno de Mauricio Macri buscará tener menos “inconvenientes” en la aprobación de iniciativas y emitir más normas por DNU.
¿Qué sucede entonces? Lo mismo. La oposición pide diálogo, pide república. La misma oposición a la que se le pedía esos mismos conceptos. Muchas veces es el poder Judicial el que debe resolver problemáticas de fondo. Pero claro. Dicho poder, casi siempre oficialista (del partido que sea) no está exento de la “lógica del dedo en el gatillo” es decir, omitir pronunciarse, no comprometerse demasiado, pero haciendo saber que ante situaciones adversas, pueden servir como un freno, u otro tipo de “complicación”.
De todas maneras. La realidad sobre el terreno muestra que aún no hay una oposición consolidadada al Gobierno de Cambiemos, que confía en el impulso de su última victoria electoral. El sindicalismo, cada vez más maltrecho, no representa la fuerza monolítica que supo ser y el peronismo aún no encuentra líderes. Con este panorama, tendremos que esperar y ver. Si el republicanismo y el diálogo continúan en su versión “argentina” o si los conceptos serán, de una vez, realmente valorados, aplicados y consolidados.