La Justicia, un nuevo actor clave en la crisis del COVID-19
A principios de esta semana, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó la inconstitucionalidad de la restricción de circulación impuesta por el gobierno porteño a las personas mayores de 70 años, a las cuales exigía un permiso especial.
Esta declaración surgió como respuesta a un recurso de amparo, presentado con el fin de suspender tal requerimiento. Frente a esto el juez consideró que se trataba de una medida discriminatoria hacia los adultos mayores, y citó como fundamento la normativa de la Constitución Nacional y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En paralelo, continúa el debate acerca de las sesiones virtuales del Congreso de la Nación: la semana pasada, la vicepresidenta y Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema, con el fin de que el Máximo Tribunal se expida acerca de la constitucionalidad de las normas sancionadas por vía virtual.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el pedido argumentando que dicho supuesto no se encontraba amparado por los casos de competencia originaria de la Corte Suprema (enumerados en la Constitución Nacional y en la Ley 48), y que no había controversia real: la Corte, aclaró, resuelve sobre casos concretos.
Cristina Fernández de Kirchner, presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema, con el fin de que el Máximo Tribunal se expida acerca de la constitucionalidad de las normas sancionadas por vía virtual.
Por su parte, la Directora de Asuntos Legales del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, compartió en Twitter un extenso hilo criticando la respuesta de Casal y exigiendo una resolución de la Corte. El hilo fue compartido por la vicepresidenta, quien añadió que “cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace, independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia”
Si bien todavía falta esperar la palabra final de la Corte Suprema, la Justicia ya quedó posicionada como otro actor clave en el marco de la crisis del COVID-19.