La batalla entre poderes
Se sabe que, al menos teóricamente, desde una base fundante de cualquier República moderna, el concepto de división de poderes tiene una importancia vital. Se trata de múltiples instrumentos, dotados de forma constitucional, que dan origen a la forma moderna de una gran parte de los Estados Nación de hoy.
En los más países desarrollados, la división no necesariamente implica discordancia y carencias en cuanto a los niveles de institucionalidad. En otros, la división, y el control son sinónimos de una batalla tras bambalinas en las que el premio es acumular la mayor cantidad de influencia. ¿El resultado? Instituciones deficientes, que se obstaculizan entre sí, perjudicando generalmente a la ciudadanía.
En este caso, y teniendo en cuenta las noticias de los últimos días, podemos observar que además de los objetivos económicos que el gobierno tiene, principalmente orientados a llegar sin demasiadas turbulencias al 2019, son complementados por uno más: saber qué hacer con la justicia. Claro está, que desde el punto de vista constitucional, el Ejecutivo no necesariamente tiene una tarea al respecto, pero como vimos y sabemos, la lucha existe, y nadie pretende ocultarlo.
Los acontecimientos recientes, relacionados con el Poder Judicial, podrían resultar sorprendentes – rozando lo trágico – para cualquier observador no natural de estas tierras. Nos referimos a varias cuestiones: la liberación de Cristóbal López quien está sospechado de haber cometido evasiones multimillonarias frente a la AFIP. ¿Por qué es esto importante? Porque se cambió la carátula de su caso, originalmente planteada como defraudación al estado, hacia evasión. Dicha modificación, también podría tener su ramificación en la situación judicial de otra persona sobre la cual la sombra de las sospechas –y algunos expedientes judiciales – también caen, Ricardo Etchegaray, el ex titular de la AFIP.
Pero la trama no termina ahí. Recientemente, la Corte Suprema decidió descartar el proceso de federalización de uno de los Tribunales Orales, el 9, que se disponía a juzgar a Cristina Kirchner, además de obstaculizar un proyecto importante del Ejecutivo, el traspaso de funciones federales a jueces ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho proyecto dependería, ahora, del Senado, donde el Peronismo tiene un peso muy importante.
En este complicado contexto, Macri se pronunció a favor del nombramiento, como Procuradora General, de Inés Weinberg de Roca. Una jurista experimentada, pero desconocida en los pasillos de los tribunales argentinos. La intención consiste en debilitar la influencia de la corporación judicial, colocando a un tercero. Sin embargo, el camino hacia la confirmación de esta voluntad del Ejecutivo, requerirá de “política”, y no poca.
Un buen resumen puede consistir en que, en temáticas como las que analizamos, ningún gobierno o conjunto de jueces se mostró acorde a la generación de una renovación. La capacidad de ceder, resulta una cualidad o virtud que ni el Ejecutivo, ni el Poder Judicial parecen tener.
Si bien, en cada campaña se habla y se expresa la voluntad de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y demás delitos, la relación entre poderes parece resultar un obstáculo, hasta el momento insalvable, para el logro de esos objetivos. Se expresa la voluntad de cambio, renovación y trasparencia. Pero hasta el momento, no estamos a la altura de las circunstancias.